LA BANCARIZACION.

Hace unos días conocí el caso de una persona que compró un inmueble en 2005 y lo vendió en 2011, pagando el Impuesto a la Renta (IR) calculado (5%) sobre la ganancia de capital. Compró en 48,000 nuevos soles un pequeño departamento y lo vendió en 54,000, es decir, que hizo una ganancia de 6,000 nuevos soles, por la que pagó 300 nuevos soles por el IR, lo que acreditó en la escritura pública.
Resulta que el contribuyente ha sido requerido por la Sunat para que demuestre que compró utilizando un “medio de pago”, es decir que pagó con cheque o transferencia bancaria.

El caso es que el pago se hizo en efectivo, con dinero retirado de una cuenta de ahorros, siendo la única fuente de ingresos de la persona en cuestión su trabajo dependiente, lo que fue plenamente demostrado al funcionario fiscalizador. Para hacer corto el relato debo decir que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y también el Tribunal Fiscal le han desconocido la deducción del costo del inmueble para determinar la ganancia de capital. Así, el IR calculado sobre el valor bruto de venta asciende a 2,700 nuevos soles, suma a la que deben agregarse multa e intereses.

En resumen, entre IR, multa e intereses deberá pagar una suma igual o superior a su ganancia. Y esto por la simple razón de no haber tenido una cuenta corriente que le permitiera pagar con cheque y no habérsele ocurrido adquirir un cheque de gerencia para efectuar su pago.

Entendiendo la conveniencia de promover la bancarización como método para ubicar a evasores fiscales, considero que si el contribuyente demuestra la realidad de la operación, no debería ser obligado al pago de un IR desproporcionado, por no haber cumplido una formalidad. La exigencia de una multa sería más que razonable. Por tanto, es imperioso recordar que en materia fiscal debe preferirse la realidad o esencia de las cosas antes que formalismos de los que está plagado nuestro sistema fiscal.

Fuente: Diario El Peruano

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La inspección laboral se descentraliza

La implementación de un nuevo sistema de fiscalización laboral está en marcha, el cual busca estandarizar y homologar el servicio de inspecciones a nivel nacional, y sobre todo la predictibilidad de las decisiones de los inspectores con interpretaciones homogéneas sobre cómo se aplica la ley laboral en materia de seguridad y salud ocupacional en todo el país.

El Gobierno aprobó recientemente el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), entidad que tiene como objetivo la mejora del sistema de inspección del trabajo.

"Lo que se busca con esta entidad es no solo mejorar el aspecto de la fiscalización sino de asistencia técnica, que nos interesa mucho para el sector de micro y pequeña empresa", anotó la ministra de Trabajo, Nancy Laos.

A través del Decreto Supremo Nº 009-2013-TR, se crean 25 intendencias regionales y una intendencia para Lima Metropolitana como órganos desconcentrados que se encargarán, en su ámbito territorial, de dirigir y supervisar la programación, desarrollo y ejecución de las inspecciones de fiscalización, orientación y asistencia técnica, así como supervisar los procedimientos sancionadores.

Asimismo, el dispositivo establece que corresponderá a los intendentes regionales resolver en segunda instancia el procedimiento administrativo sancionador y los recursos de queja por denegatoria de recurso de apelación.

Las intendencias regionales estarán conformadas por las sub intendencias administrativas, de inspección y de resolución, así como por zonales de trabajo, cada una con funciones específicas. Sin embargo, la Intendencia de Lima Metropolitana contará con una subintendencia administrativa, una de inspección y otra de resolución.

La ministra Laos precisó que luego de la implementación del ROF de la Sunafil, el siguiente paso es la aprobación del Cuadro de Asignación de Personal (CAP), lo que permitirá establecer la escala salarial de los inspectores laborales, cuyo sindicato ha venido realizando paralizaciones en protesta por mejoras salariales.

Al respecto, Ricardo Herrera, profesor de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN, manifestó que toda superintendencia debe tener cobertura nacional y eso supone organizarse en principio en intendencias regionales, para efectos de poder ordenar el trabajo uniformemente a escala nacional.

A su juicio, todo eso también se condice con el propósito de la Sunafil de tratar de estandarizar y homologar el servicio de inspecciones a nivel nacional, y sobre todo la predictibilidad de las decisiones de los inspectores con interpretaciones homogéneas sobre cómo se aplica la ley laboral en materia de seguridad y salud ocupacional en todo el país.

Por ende, Herrera consideró positiva la creación de intendencias regionales en la Sunafil, lo que a su vez cataloga como un avance en materia de fiscalización laboral. "Las intendencias regionales generarán, sin duda alguna, una presencia de la entidad supervisora en el ámbito nacional", agregó el experto en declaraciones a El Peruano.

Fuente: Conexion ESAN

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Sin incentivos para la formalidad

En su análisis costo-beneficio, las mypes prefieren mantenerse en la informalidad, pues así evitan pagar impuestos. Jorge Guillén, profesor de la Maestría en Finanzas de ESAN, afirma que el sistema tributario está hecho para impedir que las microempresas crezcan.

Un estudio de la Asociación de Bancos (Asbanc)reveló que el costo real del dinero cobrado por los prestamistas informales supera ampliamente al del sistema financiero formal. Así, por ejemplo, los dueños de negocios en centros de abastos, beneficiarios de préstamos informales por S/.1,000 a un plazo de 30 días, con un esquema de pago diario (gota a gota), terminan pagando una Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) que oscila entre 406.11% y 10,488%.

El estudio agregó que los microempresarios que acuden al sistema financiero formal, en el que se ubican las cajas municipales, las cajas rurales y las edpymes, logran costos reales que varían entre 60.86% y 399.32%, por el mismo monto y plazo de pago.

Jorge Guillén, profesor de la Maestría en Finanzas de ESAN, sostuvo que muchas micro y pequeñas empresas (mypes) prefieren mantenerse en la informalidad porque en su análisis costo-beneficio les resulta más conveniente no pagar impuestos, pese a que las tasas del sistema financiero sean más costosas para ellos, ya que son un segmento de alto riesgo.

"Muchas mypes se financian solas, algunas piden una tarjeta de crédito y con eso financian el capital de trabajo. Pero les impide crecer y tampoco tienen incentivos para hacerlo. Es un análisis costo-beneficio les conviene quedarse pequeñas, porque los requisitos y cargas tributarias para los formales son demasiado grandes", comentó Guillén.

Recordó que en la Maestría en Finanzas de ESAN se formuló una propuesta para estimular la formalización mediante la generación de préstamos del sistema formal a tasas más bajas, ya que funcionaría al modo del Fondo Mivivienda, con subsidios del Estado. Entonces, para recibir estos préstamos más baratos se les obligaría a las mypes a ser formales, de tal modo que haya un beneficio concreto para ellas.

"En temas tributarios, a las mypes se les pide muy poco, a través del RUS, pero a la mediana y grande, les exigen libros, cajas, facturas y un Impuesto a la Renta de 30%. Entonces, lo que está pasando es generarse muchas mypes para no crecer y evitar esta carga tributaria", refirió el experto.

Indicó además que la Sunat ha caído en el facilismo de cobrar a los contribuyentes que son formales, en vez de buscar a los nuevos, a los informales. "A pesar de que tenemos un Impuesto a la Renta muy alto de 30%, la recaudación es solo de 15% (presión tributaria), hay mucha evasión, elusión e informalidad, además de un facilismo de la Sunat de cobrar solo al formal mientras que a los demás los deja libres", apuntó.

FUENTE: Conexion ESAN

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Evaden los aportes a Essalud

Sunat detectó desembolsos a trabajadores sin justificación, con el fin de evitar una mayor carga tributaria y social.

Cada vez más empresas son obligadas a realizar una mayor contribución a Essalud, pues las fiscalizaciones laborales de la Sunat detectan pagos ‘no remunerativos’ a sus trabajadores sin justificación, con el fin de evitar una mayor carga tributaria y social.

Asi lo indicó Germán Lora, socio del Estudio Payet. Detalló que los principales conceptos no remunerativos son las asignaciones por transporte, educación y los bonos. En algunos casos, estos conceptos registran montos por encima de un nivel razonable, aseguró.

“Por ejemplo, que se asignen S/.1,000 mensuales por transporte del trabajador hace que la Sunat presuma una remuneración encubierta. Los conceptos no remunerativos no deberían superar el 30% del sueldo mensual”, subrayó.

VIENE MÁS FISCALIZACIÓN
Al respecto el exministro de Trabajo Javier Neves refirió que desde el 2014 el Ministerio de Trabajo tambiénelevará la fiscalización para detectar estos casos, con la implementación de la Sunafil y el aumento de inspectores laborales.

FUENTE: Diario Peru 21.

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